A medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2025, aumenta la atención sobre un tema que suele generar curiosidad y controversia: el dinero que reciben los candidatos por cada voto. Más allá del debate político, el financiamiento electoral vuelve a estar en el centro de la conversación, especialmente por el sistema de reembolso público que regula el Servicio Electoral de Chile (Servel).
Según la normativa vigente, cada candidato y partido político puede recibir una devolución estatal si cumple con los requisitos legales. Para este proceso, se mantienen los mismos valores que en 2021: 0,04 UF por voto en primera vuelta —equivalente a poco más de $1.500— y 0,01 UF en segunda vuelta, cerca de $395. Sin embargo, el pago no es automático: el Servel debe aprobar previamente la rendición de ingresos y gastos electorales, asegurando que no se hayan financiado con otras fuentes.
Este mecanismo, establecido por la Ley 19.884, tiene como fin compensar parte de los gastos de campaña y garantizar transparencia en el financiamiento político. En la elección de 2021, por ejemplo, el entonces candidato Gabriel Boric obtuvo más de 1,8 millones de votos en primera vuelta, lo que equivaldría a un reembolso de más de $2.800 millones, y en la segunda vuelta, con más de 4,6 millones de sufragios, la cifra superó los $1.700 millones.
No obstante, el sistema podría sufrir ajustes. Dado el aumento del padrón electoral tras el regreso del voto obligatorio, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, ha propuesto reducir los montos desde 2026 a $998 por voto para candidatos y $383 para partidos políticos, con el fin de contener el gasto público y actualizar el modelo de financiamiento electoral.