Un nuevo capítulo se abre en el escándalo que involucra al diputado Joaquín Lavín León, luego de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentara una querella criminal en su contra por presunta malversación de caudales públicos. La acusación, que también involucra a tres exasesores cercanos al parlamentario, apunta a un supuesto uso indebido de recursos destinados a su trabajo legislativo para financiar campañas políticas dentro de la UDI.
Lavín habría presentado facturas falsas por cerca de siete millones de pesos ante la Cámara Baja, disfrazando pagos personales a una imprenta bajo la fachada de servicios parlamentarios. Este esquema irregular habría permitido saldar deudas de campaña con recursos públicos, desencadenando la acción judicial liderada por el abogado Marcelo Chandía.
La querella abre la puerta a que el Ministerio Público solicite el desafuero del diputado, paso necesario para avanzar en una posible formalización por delitos de corrupción. Este caso se suma a una investigación más amplia sobre el manejo de fondos públicos en la gestión de Lavín León.