Dos ciudadanos colombianos con situación migratoria irregular en el país fueron formalizados por la Fiscalía de Antofagasta por su participación, ya sea conjunta o individualmente, en ocho robos con intimidación y violencia perpetrados los meses de mayo y junio de este año en pequeños almacenes de barrio de la ciudad.
Ambos sujetos fueron detenidos por personal de la SIP de Carabineros como resultado de una investigación liderada por la Unidad de Delitos Violentos de la Fiscalía, la cual permitió agrupar en una sola causa distintos ilícitos denunciados en las últimas semanas e identificar a sus presuntos responsables.
De acuerdo con dicha investigación, los extranjeros serían los autores de robos cometidos en calles Juan Rojas (9 de mayo), Hernán Naranjo (17 de mayo), Punta Arenas (28 de mayo), Nilda Madrid (4 de junio), Talcahuano (13 de junio), Peine (13 de junio), Calbuco (13 de junio) y, el último de ellos, en calle Araucanía (20 de junio).
Los imputados actuaban con gran violencia, intimidando a los propietarios o trabajadores de estos locales con armamento y golpeando a sus víctimas, apropiándose no sólo del dinero de las ventas (unos 4 millones de pesos en total), sino que también de mercadería y artículos personales de quienes estuvieran en el lugar.
La investigación desarrollada por la Fiscalía y SIP de Carabineros permitió establecer que ambos sospechosos habitaban un inmueble ubicado en calle Michimalonco, sector centro alto de la ciudad, lugar donde fueron detenidos el pasado 26 de junio.
Durante el procedimiento se encontraron diversas vestimentas de interés para la investigación, además de municiones calibre 9 mm y una pistola de balines con munición adaptada.
Además de ser formalizados por distintos robos con intimidación y violencia, ambos imputados enfrentan cargos por tenencia ilegal de municiones y, uno de ellos, por el delito de porte de arma de fuego prohibida.
Por petición del Ministerio Público, los detenidos quedaron en prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad y se dispuso un plazo de investigación de 100 días, periodo durante el cual se seguirá investigando la posible participación de los detenidos en otros delitos.