Felipe Ramírez, funcionario del Servicio Mejor Niñez, fue blanco de críticas tras revelarse que desde 2021 había dejado de desempeñar funciones en su puesto para dedicarse completamente a actividades gremiales. Pese a ello, mantenía su sueldo, que en abril de este año ascendía a $2.120.000.
La situación generó indignación entre sus compañeros de trabajo, quienes enfrentan una sobrecarga laboral significativa.
Tras una denuncia presentada por el diputado Jorge Guzmán (Evópoli), la Contraloría de la República resolvió que las inasistencias de Ramírez se ajustaban a la normativa vigente.
El organismo determinó que el dirigente sindical contaba con autorizaciones para utilizar la totalidad de su jornada laboral en actividades gremiales, aunque cuestionó que los permisos fueron aprobados de manera retroactiva. En adelante, se ordenó que estas resoluciones deben emitirse previamente a las ausencias.
La decisión ha causado molestia en algunos sectores del Servicio, especialmente en la séptima región, donde reclaman la ausencia prolongada de Ramírez y cuestionan la falta de evaluación de desempeño desde 2016. La Contraloría también instruyó investigar los años 2021 y 2022, exigiendo al Servicio implementar medidas de control y tomar acciones en caso de comprobarse un uso indebido de los permisos sindicales.
En respuesta, se emitió la Resolución Exenta 526/2025, que establece nuevos protocolos para el uso de permisos gremiales. Según este documento, los dirigentes sindicales deberán informar con al menos una semana de antelación sus ausencias, permitiendo una mejor planificación de las jornadas laborales y evitando afectar la operatividad del Servicio. Además, se fijaron límites claros en las horas destinadas a actividades gremiales.
A pesar de las críticas, la Contraloría reiteró que las acciones de Ramírez están amparadas por la normativa, incluyendo su avance de grado y la ausencia de evaluaciones de desempeño.