En el marco de un proceso de modernización institucional, la DIRINF realizó una reunión con las diferentes unidades de la casa de estudios con el fin de liderar la implementación de nuevas normativas que optimicen procesos, fortalezcan la seguridad y mejoren la experiencia de la comunidad educativa. La iniciativa se centra en la aplicación de tres leyes: la Ley Marco de Ciberseguridad (21.663), la Ley de Transformación Digital del Estado (21.180) y la Ley de Protección de Datos Personales (21.719).
Las autoridades recalcan que no se trata solo del cumplimiento a una obligación legal, sino que también abre oportunidades para generar beneficios concretos. Entre ellos, destacan la automatización de procesos administrativos, como la inscripción de asignaturas o la obtención de certificados académicos, lo que permite reducir la carga operativa y avanzar hacia una gestión más eficiente.
“Esta iniciativa es fundamental ya que mejoran significativamente la calidad y seguridad de los servicios digitales. Gracias a estos avances, estudiantes y académicos acceden a trámites más rápidos, simples y seguros, mientras que la institución fortalece la protección de la información sensible y potencia su capacidad para tomar decisiones basadas en datos”, sostuvo Ítalo Santoro Ageno, director de la DIRINF.
En cuanto a transformación digital, desarrollado en conjunto a expertos externos, el trabajo se articula mediante la adopción de plataformas impulsada a nivel estatal, las que son aplicadas de manera gradual en distintas unidades. Su labor imperativa está en agilizar el funcionamiento y la experiencia de los usuarios, contemplando 108 propuestas a llevar a cabo en un plazo de diez años.
“Desde la unidad encargada, nuestro rol es acercar las herramientas tecnológicas a todo el personal del plantel estatal, articulando la bajada desde Gobierno Digital y facilitando su uso. Buscamos que este cambio sea amigable, estimulando la adopción de plataformas que simplifican los procesos y dejan atrás el papel”, explicó René Roa, encargado de la Unidad de Transformación Digital.
Por otro lado, la ciberseguridad se posiciona como un eje crítico, puesto que el avance de las tecnologías debe ir acompañado de medidas de protección robustas, tomando en cuenta las constantes amenazas digitales. En ese sentido, ya se han ejecutado cambios en la infraestructura tecnológica y capacitaciones dirigidas al personal, mientras que a corto plazo se prioriza la concientización sobre riesgos como fraudes y estafas digitales.
“Actualmente es muy usual que lleguen amenazas por correo electrónico, principalmente el phishing en donde buscan robar información confidencial suplantando entidades de confianza. Bajo ese contexto, es esencial asegurar que la información se encuentre protegida, con el fin de prevenir incidentes y contar con mecanismos de respuestas adecuados”, comentó Ana Bahamondes, encargada de la Unidad de Ciberseguridad.
Por su parte, la gobernanza de datos emerge como un componente clave para ordenar y gestionar adecuadamente la información institucional. Esto implica identificar dónde se almacenan los datos, cómo se utilizan y quiénes son responsables de su manejo, sentando las bases para la correcta función de la futura ley de protección de datos personales, la cual entrará en vigencia en diciembre del presente año.
“Hoy avanzamos en gobernanza de datos y protección de la información personal lo que nos otorga el derecho de resguardar los datos sensibles de la comunidad y hacer uso de estos de manera estratégica para mejorar la toma de decisiones dentro de la casa de estudios”, agregó Gustavina Marín, jefa del Departamento de Datos.
Así es como la Universidad de Antofagasta se compromete con la formalización de políticas y la capacitación de la comunidad en buenas prácticas, con la finalidad de resguardar la información sensible de estudiantes, académicos y funcionarios. De este modo, la convergencia entre tecnología, seguridad y gestión de datos marca el camino hacia una institución más moderna, eficiente y preparada para los desafíos del futuro.